Por Alberto Cabezas

Rechazan el recurso de amparo electoral, interpuesto por abogado y notario Manuel Jiménez Jiménez contra la Asamblea Legislativa y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ambas entidades costarricenses, por no permitir que los costarricenses viviendo en el exterior pudieran votar para regidores, síndicos y diputados.

Jiménez, había alegado que no existe una normativa para regular ese proceso para favorecer a los costarricenses viviendo en el exterior, que tal falta de normativa violenta los derechos a elegir, ser electo y el principio de no discriminación de estos ciudadanos.

El TSE argumenta que “la pertinencia del recurso de amparo electoral está condicionada por el hecho de que su pretensión se destine a tutelar los derechos fundamentales y libertades político-electorales, ya sea combatiendo las amenazas que se ciernan sobre ellos o corrigiendo las lesiones que efectivamente se hayan producido. Sin embargo, a través de este instituto del contencioso-electoral no puede pretenderse un control de constitucionalidad”.

“En el caso concreto, el recurrente echa de menos la promulgación de normas, al tiempo que cuestiona el contenido del numeral 187 del Código Electoral, en tanto –según nuestro sistema electoral– solo es posible que los costarricenses en el extranjero participen de los comicios presidenciales y de los referendos nacionales, cuestionamientos que suponen alegatos contra la legitimidad constitucional de un precepto normativo y la eventual existencia de una inconstitucionalidad por omisión”, destaca la resolución N. 0004-E1 – 2022 del TSE del 4 de enero del 2022.

Agrega esta resolución, “ en ese sentido, conviene recordar que los artículos 10 de la Constitución Política y 73 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establecen, como competencia exclusiva y excluyente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el conocer de la inconstitucionalidad de las normas, así como de la inercia, las omisiones y las abstenciones del Poder Público para regular un fenómeno social en el que exista obligación de emitir normativa; así, correspondería a ese órgano, ante una eventual acción, revisar los hechos descritos y fundamentos dados por Jiménez Jiménez en sus escritos de interposición”.

Adiciona esta resolución que “ciertamente, este Pleno ha conocido, por el fondo, recursos de amparo en los que se alega que el respectivo concejo municipal no emite un reglamento que permita materializar el derecho de participación política de los munícipes a través de los diversos mecanismos de incidencia ciudadana previstos en el Código Municipal (plebiscitos, referéndums locales y cabildos); empero, ello es posible en tanto la no emisión de ese instrumento normativo supone un obstáculo para llevar a la práctica institutos expresamente previstos en la ley (ver, entre otras, las resoluciones n° 1903-E1-2012 y 3179-E1-2012)”.

Asimismo hace ver que “en otros términos, el control de omisiones realizado por esta Magistratura –vía amparo electoral– solo es posible cuando hay un mandato claro en la ley para que exista una regulación específica favorable a materializar del derecho de participación política, mas resulta impropio que, en sede electoral, se analice si el legislador debe o no emitir una norma con rango legal (en sentido formal y material); por ende, este Tribunal no tiene las atribuciones para evaluar si el Parlamento, ex novo, debe regular una determinada situación a la luz del parámetro de constitucionalidad”.

Por este motivo, el TSE rechazo este recurso de amparo electoral, por “lo procedente es rechazar de plano las gestiones de amparo interpuestas, como en efecto se ordena”.

Otras consideraciones adicionales en la resolución son que “sin perjuicio de lo expuesto, cabe recordar que la división territorial administrativa es determinante, en el sistema electoral costarricense, para la materialización de la representación política pues, en nuestro país, se eligen autoridades por sufragio popular en los niveles nacional, provincial, cantonal y distrital. La nómina presidencial es elegida, en los términos del artículo 138 de la Constitución Política, por un único distrito electoral compuesto por todos los ciudadanos costarricenses inscritos en el padrón electoral, incluidos quienes tengan su domicilio electoral allende nuestras fronteras”.

“Los diputados a la Asamblea Legislativa, si bien tienen ese carácter por la Nación, son elegidos por provincias (numeral 106 del texto político fundamental).  Así las cosas, en Costa Rica, las circunscripciones electorales están definidas por la división territorial administrativa, razón que justifica que en el extranjero solo se pueda emitir el voto para los cargos de la circunscripción nacional: Presidencia y Vicepresidencia de la República. Tratándose de los demás cargos de elección popular, existe un nexo entre el domicilio electoral y la oferta política específica del territorio, de suerte que es necesario saber en cuál provincia, cantón o distrito reside el votante para determinar por cuáles autoridades podrá sufragar. Por ejemplo, un elector del distrito Carmen, cantón San José, provincia San José, no podrá emitir su voto en papeletas para elegir a los diputados por Cartago”.

Actualmente existe una acción inconstitucionalidad sobre este tema en estudio en la Sala Constitucional.

En países algunos países se  permite votar a sus ciudadanos desde los consulados para presidentes, además para legislaturas como Argentina legislaturas (ambas cámaras), Colombia para legislaturas (ambas cámaras), Paraguay legislatura ( senado), Perú ( legislaturas), República Dominicana legislaturas ( ambas cámaras), entre otros.

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