Por: Alberto Cabezas

La Sala Constitucional de Costa Rica declaró sin lugar el recurso de amparo que presentó un candidato a diputado del Partido Fuerza Nacional contra el Tribunal Supremo de Elecciones y la Asamblea Legislativa.

En el que manifiesta “que las autoridades recurridas no están garantizando su derecho de elegir a los candidatos a diputados de elección. En el caso del tutelado, por vivir en Nicaragua, puede ser candidato a diputado, pero no votar por él, ya que ejerce su sufragio desde el Consulado de Costa Rica en Managua. Indica que, la Asamblea Legislativa aprobó mediante Ley 8765 el Código Electoral, que en su artículo 187 regula el voto en el extranjero, pero lo circunscribe al proceso electoral de elección de la Presidencia, Vicepresidencia y consultas populares de orden nacional”.

Alega, “que miles de ciudadanos costarricenses que residen en el exterior, no pueden, incluyendo el caso del tutelado, participar en un proceso de selección de los diputados y diputadas, y menos aún en las elecciones municipales, lo que afecta de manera directa el derecho al sufragio activo y pasivo, creando una odiosa discriminación entre los que votan en Costa Rica y los que votan en el extranjero. Indica, que la Asamblea Legislativa al promulgar el Código Electoral dijo expresamente: “Las ciudadanas y los ciudadanos costarricenses podrán ejercer el derecho a emitir su voto en el extranjero para designar a quien ocupe la Presidencia y Vicepresidencias de la República, así como para manifestarse en las consultas populares de orden nacional, según las normas aquí reguladas y en el reglamento, que para tal efecto emita el TSE (…)” por lo que omitió legislar sobre los derechos de los (as) ciudadanos (as) residentes en el exterior con referencia a la escogencia de diputados, alcaldes, regidores, síndicos y concejales de distrito, tal y como se indicó.
Agrega, que el presidente del Colegio de Periodistas y el tutelado, presentaron una iniciativa popular desde el 8 de marzo de 2018, que tiene número de iniciativa 2474 en la Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa que vendría a corregir la omisión si se convirtiera en ley, sin embargo, en este momento ni siquiera ha sido acogida por algún diputado para que sea proyecto de ley.

Agrega, que la funcionaria Katherine Espinoza Alvarado de la Dirección del Registro Electoral, envió un correo electrónico el viernes 1 de diciembre a las 10:30 horas, al tutelado Cabezas, indicando: “En atención a su correo electrónico enviado el 16 de noviembre de 2021, remitido a la dirección electrónica de la Secretaría General del Tribunal Supremo de Elecciones, trasladado a esta Dirección mediante el memorando nº STSE-0245-2021 de fecha 16 de noviembre de 2021, en el que indica que está empadronado en el Consulado de Costa Rica en Nicaragua y que desea votar por usted mismo ya que se encuentra inscrito como candidato a Diputado por el Partido Fuerza Nacional en la provincia de San José, me permito indicarle que el Código Electoral dispone en su artículo 187 “Las ciudadanas y los ciudadanos costarricenses podrán ejercer el derecho a emitir su voto en el extranjero para designar a quien ocupe la Presidencia y Vicepresidencias de la República, así como para manifestarse en las consultas populares de orden nacional, según las normas aquí reguladas y el reglamento, que para tal efecto emita el TSE”.

De acuerdo con la norma de previa cita, no se podrá votar por los puestos de Diputados a la Asamblea Legislativa, ya que únicamente los puestos de Presidente y Vicepresidentes de la República tienen carácter nacional. Sobre el particular debe tenerse en consideración que el padrón nacional electoral se cerró el pasado 5 de octubre del año en curso, por lo tanto para las próximas elecciones ya no es posible variar el domicilio electoral y por tanto deberá ejercer su derecho al sufragio en el lugar en el que se encuentra actualmente empadronado y emitir el sufragio de acuerdo a las disposiciones legales contempladas en la normativa electoral. Con lo anteriormente expuesto se da por atendida su consulta y se procede al archivo de la misma”.
Indica que, para que el tutelado vote por él mismo, tendría que mentir respecto a la localización del domicilio electoral. Considera que no puede ser admisible que la residencia en el extranjero sea un elemento de importancia para diferenciar a los costarricenses en el exterior e impedirle el ejercicio al sufragio.
Como antecedente internacional, alega que en El Salvador, se declaró con lugar un recurso que otorgó a los salvadoreños que residen en el exterior que puedan ejercer su derecho a votar por alcaldes y diputados. Solicita que, como medida cautelar, se permita que el tutelado vote por sí mismo en las próximas elecciones. Solicita la intervención de la Sala.

El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.

Redacta el Magistrado Araya García; y,.- “Objeto del recurso. El recurrente alega que la Asamblea Legislativa omitió hacer referencia a las elecciones de diputados y alcaldes en el artículo 187 del Código Electoral, y únicamente permite el voto para elegir candidato a la Presidencia y Vicepresidencia desde el extranjero. Alega que el tutelado es candidato a diputado por San José por el partido Fuerza Nacional, sin embargo, está empadronado para ejercer su derecho al voto desde el Consulado de Costa Rica en Managua, por lo que no podrá votar por sí mismo. II.- Sobre el caso concreto. No debe perderse de vista lo establecido por el artículo 106 de la Constitución Política: “(…) Los Diputados tienen ese carácter por la Nación y serán elegidos por provincias (…)” (el énfasis no pertenece al original). Paralelamente, en cuanto al Presidente y Vicepresidentes de la República, el constituyente originario no dispuso un modelo de elección por provincias. En efecto, el ordinal 130 solamente precisa: “(…) El Poder Ejecutivo lo ejercen, en nombre del pueblo, el Presidente de la República y los Ministros de Gobierno en calidad de obligados colaboradores (…)”; y el artículo 133: “(…) La elección de Presidente y Vicepresidente se hará el primer domingo de febrero del año en que debe efectuarse la renovación de estos funcionarios (…)”. A la luz de lo expuesto no resulta ilegítima la regulación diferenciada dispuesta por la Asamblea Legislativa en el artículo 187 del Código Electoral, en el entendido que tal y como se destacó, la forma de elegir a los Diputados es distinta a la definida por la propia Carta Magna para el Presidente y Vicepresidentes de la República, pues los primeros son elegidos por provincias”.

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