Bono Familia inició con poca claridad en identificar el problema y su población objetivo no quedó clara indica estudio del CIEN

  Cuidad de  Guatemala

El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales – CIEN, a través del Observatorio #COVID19GT presentó un análisis del Fondo Bono Familia (BF). El Observatorio realiza seguimiento mensual a los recursos públicos designados para combatir la emergencia derivada del COVID-19.

Los informes se realizan gracias al apoyo del Centro para la Empresa Privada Internacional – CIPE, con el fin de comunicar a los ciudadanos de una manera periódica y sencilla, cómo se ha ejecutado el gasto público para aliviar el impacto de la pandemia.

El encargado del Observatorio, Jorge Lavarreda quien es investigador asociado del CIEN, comentó sobre el contexto que “ante el nuevo virus, los países desarrollados han impulsado paquetes de alivio económico más generosos y los que tenían mejores sistemas de protección social previo a la crisis, lograron apoyar de mejor manera a su población.

Un 17% de la población mundial (en promedio unos 1.3 billones de personas) ha recibido transferencias monetarias y en total 2 billones fueron beneficiados por programas de asistencia social”. A nivel nacional, se anunciaron 10 programas por un total de Q.14,235.4 millones, y se aprobaron tres Decretos (12, 13 y 20 -2020) que ampliaron el presupuesto en Q.19,806.4 millones (73.8% para la pandemia).

“Cuando fue creado el Bono Familia, en su origen nació con el objetivo general de apoyar a la población más afectada económicamente por las medidas de emergencia derivadas de la pandemia, a través de la entrega de aportes económicos de forma bancarizada” explicó Lavarreda y añadió que “como parte de la población objetivo, el MIDES debía identificar casos especiales que no debían superar el 10% del total de beneficiarios, enfocados en personas que no contaran con energía eléctrica”.

Lavarreda compartió que el BF fue cambiando y el problema radicó en que “el Fondo inició con poca claridad en identificar el problema priorizado y por ende su población objetivo no quedó clara. Además, no se definió desde un inicio, las condiciones o características del apoyo y el estado ideal a alcanzar de los beneficiarios del programa con la ayuda; tampoco se establecieron tiempos de entrega y no se alineó el plan de emergencia del gobierno con la estrategia de intervención del BF.

Aparte, ya con el programa iniciado, el Congreso de la República realizó cambios en la definición de criterios para elegir a los beneficiados y los mecanismos de entrega del dinero, lo cual resultó en demoras, ajustes sobre la marcha al manual del programa, la necesidad de realizar nuevas solicitudes de información a entidades externas y ajustes en la plataforma informática. Añadiendo a los contratiempos, el Decreto 22-2020 impactó el tamaño del padrón, resultando en que todos estos cambios contravinieran las buenas prácticas en la implementación del BF y que se tuviera que reducir el monto del tercer aporte para mantenerse dentro de la restricción presupuestaria”. Por otra parte, “sí hubo elementos positivos”, indicó el experto, “tales como la implementación de la firma electrónica para procesos internos del MIDES, conformación de expedientes y un nuevo padrón de beneficiarios en el país, un método innovador para la entrega de transferencias monetarias, se integró el sistema financiero para la entrega de aportes y a pesar de todo, el BF se implementó en menos tiempo del que lleva implementar programas en el sector público”.

La presentación concluyó con recomendaciones, dentro de las cuales Lavarreda resaltó “se debe focalizar los programas de transferencias hacia la población con menor nivel de bienestar, diseñando una guía metodológica y normativa específica para programas en contexto de emergencia, donde urge tener un sistema único de registro de beneficiarios para Guatemala. Esto requiere mantener actualizada la información socioeconómica y demográfica de los hogares e individuos, que esté terminado, depurado y validado. Asimismo, deben fortalecerse las capacidades institucionales para la digitalización de los programas y su operatividad y que finalmente el MIDES lleve a cabo un ejercicio de rendición de cuentas público a inicios de 2021, con compromisos de mejora, a la luz de sus propios análisis y de aportes recibidos de organizaciones de la sociedad civil”.

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